Proceso penal directo y el conflicto con el derecho a la defensa cuando el procesado no cuenta con defensor particular

Abstract

El presente trabajo de investigación desarrollado bajo la modalidad de Análisis de casos, se basa en la vulneración del derecho constitucional a la defensa del procesado cuando no cuenta con un defensor particular al aplicarse el proceso penal directo. Por ser un procedimiento nuevo en nuestra legislación ecuatoriana, especial y sumarísimo, el Procedimiento penal directo, violenta la norma constitucional, ya que se desarrolla en tan sólo diez días, los mismos que no son suficientes para elaborar y plantear una correcta defensa técnica en beneficio de los intereses del procesado, más aún si la causa es patrocinada por un defensor público, porque estos profesionales debido a la gran cantidad de causas que tienen bajo su responsabilidad tienden a descuidar ciertos procesos, más aún los Procedimientos directos que se desarrollan en un corto tiempo. En la causa penal analizada observamos que se transgrede el derecho a la defensa, porque existen limitaciones por parte del defensor público para obtener pruebas que favorezcan al procesado, en vista de esta situación no presentan medios de prueba y debido a esto se lo considera culpable por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.