La objetividad del fiscal en la obtención de elementos probatorios y la vulneración de la tutela judicial efectiva.

Abstract

El presente análisis de caso versa sobre la causa penal N° 07711-2015-00081, e instrucción fiscal N° 070901815030116 por el delito de asesinato, tipificado en el Art. 140 con las circunstancias del Num. 2, 4 y 5 del Código Orgánico Integral Penal, en donde una mujer discapacitada de 35 años de edad es asesinada en presencia de su hijo de cinco años de edad, hecho ocurrido en el Centro de la Ciudad de Pasaje en febrero del 2015. El sospechoso de este asesinato es una persona de 66 años de edad, con antecedentes penales por homicidio, que fue capturado en flagrancia por el populacho y puesto a órdenes de la policía, al cual en la Audiencia de Calificación de Flagrancia se le ordeno Prisión Preventiva por el lapso de 30 días que dura la instrucción en delitos flagrantes, dentro de este tiempo destinado a la investigación del cometimiento del delito es en donde la actuación del fiscal deja mucho que desear ya que como titular de la acción penal le corresponde agotar todos los medios posibles para obtener los elementos de convicción de cargo y de descargo para demostrar la materialidad de la infracción y a su vez la responsabilidad material e intelectual del procesado; sin embargo en este caso específico se muestra claramente la falta del principio de objetividad en el fiscal ya que no ordenó que se realice una prueba de ADN para comparar la sangre de la víctima con la sangre encontrada en evidencias en poder del procesado, como eran vestimenta, gorra y cuchillo manchados de sangre, prueba que prometía ser trascendental para saber la verdad de los hechos; en este aspecto el fiscal actuó a beneficio del procesado ya que debido a la falta de pruebas en la audiencia de juicio, tomando en cuenta que los testigos presenciales por alguna razón no llegaron a dar su testimonio, el procesado fue declarado inocente por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de El Oro vulnerándose de esta manera los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador como el derecho a la vida e integridad física, además de los contemplados en la normativa penal como lo son el derecho de los familiares a conocer la verdad de los hechos, a recibir una indemnización ya que la mujer asesinada había dejado dos hijos en la orfandad y la satisfacción del derecho violado; en general no se brindó una verdadera tutela judicial efectiva ni a la víctima ni a sus familiares. Cabe recalcar que la falta de realización de la prueba de ADN no fue la única omisión del fiscal en la investigación, ya que durante todo el proceso existieron anomalías tendientes a entorpecer el proceso y a no contar con las pruebas necesarias para que se condene al procesado, haciendo pensar que la actuación del fiscal fue parcializada, para nada objetiva e ineficiente al no haber realizado una investigación integral de todos los indicios existentes y finalmente no pudiendo cumplir con el objetivo del proceso penal que es hacer justicia.