Resumen:
This research paper delves into Constitutional Court of Ecuador’s ruling No. 67-23-IN/24, which decriminalized active euthanasia in the country. It also identifies the legal void in its application, as the only existing regulation, issued by the Ministry of Public Health (MSP), lacks the same legal hierarchy as a law, leaving physicians without legal certainty to perform the procedure.
The study originates from the unconstitutionality action filed by Pamela Romo, who challenged Article 144 of the Organic Integral Penal Code (COIP), arguing that it violated fundamental rights, particularly the right to a dignified death.
This paper examines the relationship between euthanasia and human rights, comparing the Ecuadorian case with Colombian jurisprudence, where euthanasia has been legal since 1997. It also analyzes implementation challenges, physicians’ conscientious objection, and the need for a robust legal framework to ensure both patient access and medical protection.
Descripción:
El presente trabajo investigativo ahonda la sentencia nro. 67-23-IN/24 expedida por la Corte Constitucional del Ecuador, que despenalizó la eutanasia activa dentro de la nación, asimismo determina la existencia de la laguna jurídica en su aplicación, es decir, dentro del único reglamento que ha sido expedido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la aplicación de la eutanasia voluntaria y avoluntaria, debido a que existen vacíos legales, ya que el reglamento no tiene la misma jerarquía que una ley, dejando a los médicos sin seguridad jurídica para aplicar el procedimiento. Todo empezó con la acción de inconstitucionalidad presentada por Pamela Romo, quien impugnó el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por considerarlo contrario a los derechos fundamentales, en especial el derecho a una muerte digna.
El trabajo examina la relación entre la eutanasia y los derechos humanos, comparando el caso ecuatoriano con la jurisprudencia de Colombia, donde la eutanasia es legal desde 1997. Se analizan los desafíos en la implementación, la objeción de conciencia de los médicos y la necesidad de un marco normativo sólido.
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