Resumen:
In Ecuador, the display in police, prosecutorial and judicial offices of the rights of persons involved in a criminal process, whether as victims, detainees or prosecuted, is provided for in the Comprehensive Organic Criminal Code, in article 533 last paragraph. This provision intends that these people know the rights and guarantees that assist them. The objective of this work is to analyze whether the police agencies, Prosecutors, Courts and Public Defenders of the Provinceof El Oro comply with the obligation emanating from Article 533 last paragraph. For this, a bibliographic investigation was applied to determine what are the purposes of the inclusion of this obligation and the impact it may have on compliance with due process. In addition, an on-site investigation was applied in police offices, Public Prosecutions, Courts and Public Defenders of the Province of El Oro, to verify such compliance. It is concluded that in the Province of El Oro, most of the agencies do not comply with this obligation, but that this non-compliance does not entail a violation of the basic guarantees of due process or the right to be informed.
Descripción:
En Ecuador, la exhibición en dependencias policiales, fiscales y judiciales de los derechos de las personas inmersas en un proceso penal, sea en calidad de víctimas, detenidos o procesados, está previsto en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 533, último inciso. Esta disposición pretende que estas personas conozcan los derechos y garantías que le asisten. El objetivo del presente trabajo radica en analizar si las dependencias policiales, Fiscalías, Juzgados y Defensorías Públicas de la Provincia de El Oro cumplen con la obligación emanada del artículo 533 último inciso. Para ello, se aplicó una investigación bibliográfica para determinar cuáles son los propósitos de la inclusión de esta obligación y la incidencia que puede llegar a tener en el cumplimiento del debido proceso. Además, se aplicó una investigación in situ en dependencias policiales, Fiscalías, Juzgados y Defensorías Públicas de la Provincia de El Oro, para verificar tal cumplimiento. Se concluye que en la Provincia de El Oro, la mayoría de las dependencias no cumplen con esta obligación, pero que este incumplimiento no acarrea una vulneración a las garantías básicas del debido proceso ni al derecho a ser informado.
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