Resumen:
The present case study is circumscribed with the topic regarding the evaluation of the evidence in the labor processes in the Ecuadorian justice system inherent to Oral Proceedings Trial No. 07371-2017-00436, followed by Mrs. María Moreno Bravo, in against the International Security Service Company Inserser Cía. Ltda., Represented by Mr. Jaime Valarezo Beltrán, the same one that was substantiated by Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, Judge of the Labor Judicial Unit with Headquarters in the Machala Canton, and to which the respective vertical appeal was finally filed of cassation. The critical knot that could be established in the present case subject of analysis, has to see that, both the first level judge and the appeals court, they disregard to value an infinity of tests that were announced and contributed by the active subject of the process, which results not only in the economy of the actor, but also in the breach of certain fundamental guarantees of our State of Law and Justice on the part of the court, inter alia the due process, legal security and principle induced by operator, which naturally impelled the plaintiff to exercise their legal and constitutional rights through the vertical and horizontal resources that the law passes on in this sense, as indeed it did, in order to claim their rights.
Descripción:
El presente estudio del caso se circunscribe con el tema tocante a la valoración de la prueba en los procesos laborales en el sistema de justicia ecuatoriano inherente al Juicio de Procedimiento Oral No.07371-2017-00436, seguido por la señora María Moreno Bravo, en contra de la Compañía Internacional Security Service Inserser Cía. Ltda., representada por el señor Jaime Valarezo Beltrán, la misma que fue sustanciada por el Dr. Diego Alfredo Figueroa Sosoranga, Juez titular de la Unidad Judicial del Trabajo con Sede en el Cantón Machala, y a la cual finalmente se interpuso el respectivo recurso vertical de casación. El nudo crítico que se pudo establecer en el presente caso materia de análisis, tiene que ver que, tanto el juez de primer nivel como el tribunal de alzada, se desentienden de valorar una infinidad de pruebas que fueron anunciadas y aportadas por el sujeto activo del proceso, el cual redunda no sólo en la economía de la parte actoral, sino también en el quebrantamiento de determinadas garantías fundamentales de nuestro Estado de Derecho y Justicia de parte del órgano jurisdiccional, inter alía el debido proceso, seguridad jurídica y principio induvio pro-operario, lo que impelió naturalmente que la accionante ejerza sus derechos legales y constitucionales a traves de los recursos verticales y horizontales que la ley le franquea en este sentido, como en efecto lo hizo, con la finalidad de reivindicar sus derechos.
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