El derecho a la información ha merecido el reconocimiento universal que lo ha convertido en una proclama, con regulación y ejercicio en casi todos los países del mundo y respecto del cual la doctrina y la jurisprudencia mucho han dicho. En la región, organismos como la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus respectivos instrumentos mencionan casi en forma similar el reconocimiento de este derecho. Ecuador como suscriptor y miembro de organismos internacional y de sus respectivos instrumentos internacionales, recoge en la Constitución de 2008 ese derecho, y para garantizar su ejercicio ha instaurado también a nivel constitucional dos mecanismos a través de los que se lo ejercita: el hábeas data y la acción de acceso a la información pública regulados en los arts. 92 y 91 respectivamente. Para solucionar la situación en el presente trabajo, se aborda el estudio de la acción de acceso a la información pública como mecanismo para obtener ese tipo de información cuando ella se encuentra en una entidad privada, de eso trata este problema. Se aborda el problema con ayuda del método sistemático apoyado en fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, que permitieron con el estudio de las variables, concluir que en el presenta caso, existió vulneración del derecho a obtener información pública y que su situación jurídica se resuelve con una acción jurisdiccional de acceso a la información pública.