Vulneración a la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad en las contravenciones de tránsito flagrantes en Machala

Abstract

En el presente caso vamos a analizar, una contravención de tránsito en situación de flagrancia dentro del cantón Machala provincia de El Oro, donde el presunto Contraventor, infringió una ley de tránsito estipulada en el Art. 385 numeral 3 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal, es detenido por los agentes de tránsito, quienes constatan mediante una prueba de Alcotest, que demuestra que el contraventor se encontraba en estado de embriaguez, siendo esta la máxima escala, por ello los agentes procedieron a la su detención no sin antes leerle sus derechos constitucionales y realizarle el respectivo chequeo médico, para posteriormente ser trasladado a la Unidad de Flagrancia donde fue puesto a órdenes de las autoridades competente. Se realizó la audiencia de juzgamiento dentro de las 24 horas, en la misma el juez de turno, Dicta Sentencia Condenatoria, en contra del Contraventor, imponiéndole una pena de 60 días de Privación de Libertad, trabajo comunitario de 20 horas y la pérdida de 30 puntos en la licencia de conducir, multa de 3 salarios básicos del trabajador, y la retención del vehículo por periodo de tiempo de 24 horas, observándose claramente hasta cuatro sanciones por la misma infracción lo cual es desproporcionado. Luego el Contraventor, haciendo uso de su derecho constitucional de recurrir al fallo o resolución en todo procedimiento donde se decida sobre sus derechos, por ello presenta un recurso de apelación y solicita su libertad; el Juez de turno, concede este recurso de apelación, pero no otorga la libertad al presunto Contraventor, vulnerándose claramente la presunción de inocencia establecida en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución, a más de mantenerlo arbitrariamente privado de su libertad, violentándose también su derecho a la libertad, cumpliendo una pena anticipada, sin que exista una sentencia ejecutoriada tal como lo establece la normativa penal que señala conforme a su Art. 624 del Código Orgánico Integral Penal, que para dar cumplimiento a la pena impuesta, esta debe estar debidamente ejecutoriada.