La acción de protección como mecanismo que garantiza el derecho al trabajo de los empleados municipales del cantón El Guabo

Abstract

Al respecto debemos referir que con la vigencia de la constitución del 2008, el legislador considero que; al nuestro país estar encaminado en la línea del neoconstitiucionalismo, era necesario ajustar el modelo a la nueva corriente constitucionalista y por ende crear el marco jurídico ideal para que puedan hacerse efectivas la plena vigencia y tutela de esos derechos que la constitución que acababa de aprobarse reconocía. Para lo cual fue necesario que se creara también una ley que norme y regule la cobertura y ámbito de aplicación de esas garantías jurisdiccionales y cuales su procedimiento para darles plena vigencia, y se dicta la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional.A no dudarlo la puesta en vigencia de estas “novedosas”, garantías jurisdiccionales han venido a constituirse en el sostén y apoyo, del cual el ciudadano de a pie puede hacer uso sin restricciones cuando vea violentados sus derechos, y de la misma forma el estado tiene en ellas el escudo protector que le ayuda a curar en sano de posibles errores que pudiera cometer sus funcionarios y de esa manera evitar remediar o indemnizar a quienes pudiesen verse afectados conforme a la nueva Constitución, su procedimiento es sencillo, rápido y eficaz, constituyéndose así en una garantía efectiva y ágil, ya que en todas sus fases e instancias se utilizará la oralidad, no pudiendo aplicar normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho, lo único que hasta cierto punto es motivo de tranquilidad para los beneficiarios, que es el hecho de que no es necesario buscar el patrocinio de un abogado para proponer dicha acción; lo novedoso también es que para la presentación de la acción, son hábiles todos los días y horas , misma que podrá ser propuesta oralmente o por escrito ante la autoridad pertinente, sin formalidades, y sin la necesidad de citar la norma legal violentada. Las notificaciones que se requieran hacer, se efectuarán utilizando los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión.Una vez presentada la acción, la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para que sean recabadas dichas pruebas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información.Luego de esto la jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de algún derecho consagrado en la Constitución, deberá declararla, así como ordenar la reparación integral, material e inmaterial, además de especificar e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.