Legitimidad del apremio personal en los procesos de alimentos en la que existe error en la identidad del demandado

Abstract

La presente investigación se ha desarrollado bajo la modalidad de estudio de casos, en donde hemos seleccionado al derecho de familia como área de estudio y un problema que consideramos de mucha relevancia sobre todo por sus efectos sociales y jurídicos. Trabajamos en el caso de LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, el mismo que fue privado de su libertad por dos ocasiones con una boleta de apremio emitida por un Juez de familia de la ciudad de Naranjal dentro de un proceso de alimentos. El problema es que tanto en el proceso como en la boleta constaba la orden del demandado y por supuesto la orden de detención en contra de JOSE ANDRES PEREA MOROCHO, es decir nombres completamente distintos entre la orden de detención y la persona detenida. El demandado fue juzgado en rebeldía dentro del proceso de alimentos, ya que no compareció justamente porque no había sido correctamente demandado, pero sin embargo se ejecutaron en su contra dos detenciones, las mismas que cumplió a pesar de que la defensa pidió a los 45 días de detención la nulidad del proceso, recibiendo como respuesta del Juez una convalidación que corregía un error de forma, según su apreciación claro está, pero que consideramos en nuestra conclusiones como un error muy grande por parte del Juzgador con afectación casi irreparable.Desde ese año hasta la fecha se ha convertido en vos populi, los alcances del juicio de alimentos, la privación de la libertad es una realidad que en esta materia se ha puesto en evidencia en cada esquina de la República, ya para nadie es desconocido al menos un caso real de persona privada de su libertad por deuda de alimentos; la sociedad lo justifica, pero también en algunos casos lo critica. Esas críticas no han sido realmente dirigidas al proceso de alimentos y la tabla, si nomas bien al apremio personas, de mujeres, de ancianos, de discapacitados, de obligados subsidiarios, ya que en muchos casos parecería que tal medida era realmente injusta, por el ejemplo el caso de una anciana privada de su libertad, persona obligada que solo contaba con ingresos del Bono de Desarrollo Humano que le entrega el Gobierno Nacional.