La inadecuada imposición de medidas cautelares reales a las entidades publicas en juicios laborales para asegurar cumplimiento de la obligación

Abstract

El trabajo en el Ecuador garantiza a las personas el derecho económico en las que se ven asistidas una vez que cumplen con diferentes labores, en las que prima su derecho en ser las partes más vulnerables en caso de un litigio judicial, pero hay ocasiones en que este principio pro operario, no debe primar y es precisamente en nuestro caso de análisis pues ocurre que el Juicio Nº07334-2015-00502G que sigue el Señor JIBAJA VEGA ESTEVAN MAURICIO, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje en la que pide como medida cautelar real el secuestro de un Volquete de Placas OMA1063, dejando así al GAD Municipal de Pasaje en un estado de no poder continuar realizando obras públicas que venía desempeñando con normalidad con ese vehículo que fue secuestrado, lo que provoca que la comunidad pasajeña se vea afectada por esta decisión tomada, en la cual no existió ponderación para poder ver en derecho que era lo que mejor le correspondía realizar para como justicia dar a cada uno lo suyo, cabe destacar que no hubo un análisis exegético del art 899 del código de procedimiento civil numeral dos propiamente en donde se manifiesta claramente las condiciones para ordenar el secuestro. Lo que le da un sustento legal a lo que hemos notado como problemática de este juicio ya que las entidades públicas no pueden ocultarse ni desaparecer, mucho menos se corre con el riesgo de enajenar todos los viernes que tenga por querer incumplir en una obligación, por ello consideramos inadecuada este tipo de acciones que es tomada por el juzgador, así mismo podremos ver que no solo es en ese caso pues la misma entidad, es decir el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje tiene secuestrado tres volquetes por juicios similares y por ende nos hemos concentrado en que así una entidad pública difícilmente puede seguir cumplimiento con la obligación de dar un buen servicio a la comunidad. Esto ha provocado que analicemos qué parte es la más afectada y con qué fin puede dictarse una medida cautelar real de secuestro a una entidad pública, pues no se corre con el riesgo de que esta no vaya a cumplir con la obligación pues al contrario se va a cumplir con eso pero al dictarse este tipo de medidas obliga a que las entidades públicas por no parar en la realización de sus labores contraten servicio particulares lo que genera un costo y en este caso por las tres volquetas es un monto de $61.500.oo lo que hubiese servido para cumplir con parte de las tres obligaciones que tiene a través de esto podemos comprobar que existe un tercero perjudicado y en este caso es la ciudadanía de Pasaje por eso es necesario que los Juzgadores analicen todo el contexto legal de que puede suceder con su toma de decisiones acorde a su sana critica la misma que deberá ser utilizada en casos como este en el que si bien tiene por un lado un persona natural considerada en los grupos vulnerables, pues también por otro lado tiene a todo un conglomerado social.