La exigencia de una prueba real sobre la responsabilidad penal del procesado como fundamento de la sentencia condenatoria

Abstract

El presente trabajo de investigación ha tenido como objeto central de estudio a la prueba en materia penal y se ha desarrollado bajo la base de un proceso penal por el delito de asesinato en que se condena a una persona por considerarse que de las pruebas no existe duda de su culpabilidad frente al ilícito. De esta manera el objetivo central que hemos perseguido con la investigación ha sido el de determinar si en el caso de estudio realmente la prueba cumplió con la finalidad de llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y de la responsabilidad penal de la persona procesada tal y como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal. Si bien la actividad probatoria le corresponde a los sujetos procesales, solo el Juez es el que debe darle un valor real dentro del proceso, es el Juez el que realiza la valoración y el que debe despejar toda duda razonable sobre la responsabilidad de quien ha sido procesado y en esa manera afirmar que se ha vencido al status natural de inocencia con que todas las personas vivimos. El caso central con que se ha trabajado, es de mucha relevancia, ya que hemos identificado que El Tribunal que resolvió condenar, lo hizo con una fundamentación tan sencilla como si se tratara de algo evidente, de algo que no hace falta discutir con mayor cuidado, cuando en realidad del conjunto de pruebas presentadas en el juicio, quedan muchas dudas cerca de la responsabilidad del condenado. Nuestra principal conclusión, luego de la revisión dogmática de la prueba, su objeto, sus teorías, reglas y principios, así como las teorías acerca de la valoración de la prueba ha sido que el tribunal se equivocó en el valor que se le da a determinadas pruebas, y que en realidad jamás se demostró la responsabilidad del procesado en la muerte de la víctima, y lo que terminó haciendo el tribunal fue condenar al primero que la policía señaló. Uno de los principios más importantes de la actividad del Fiscal y que le dan legitimidad a su actuación y a la misma acusación es el principio de objetividad, el mismo que para nada se respetó, ya que el fiscal actuó dirigido desde el principio a la acusación, posición propia de un anacrónico sistema inquisitivo. De esta manera en la investigación llegamos también a la conclusión de que el Fiscal del proceso, no fue objetivo, y no se preocupó por indagar más allá de las posibilidades de realizar una acusación, cuando bien pudo en caso de realizar una verdadera investigación, arribar a pruebas que le favorecían al procesado y que desvirtuaban su participación. Para fundamentar estas posturas, han sido de gran ayuda el conjunto de conocimientos recogidos en la diferentes revistas científicas que sobre la prueba se revisaron, en la cual con mucha precisión, los autores expusieron que cuando no existe objetividad en la actuación del Fiscal, muy difícilmente los Jueces pueden ser imparciales, y con dificultades ejercen una adecuada valoración de los medios de prueba.