La justicia indígena y su aplicación en un contexto de pluralidad jurídica e interculturalidad dentro del estado ecuatoriano

Abstract

La corriente del pluralismo jurídico surgida después de la época colonial, influenció a los Estados de Latinoamérica para desarrollar políticas integradoras, que garanticen el reconocimiento de los modelos de justicia desarrollados por las poblaciones indígenas, para lo cual, las reformas constitucionales se proyectaron a desarrollar los mecanismos idóneos, que garanticen la autonomía, el respeto al derecho consuetudinario y el libre desenvolvimiento de sus costumbres ancestrales.

La República del Ecuador adoptó el modelo pluralista con la promulgación de la Constitución de 1998, y, consecuentemente, terminó de consolidarlo con la carta magna del año 2008, aunque durante varios años, las cuestiones relativas a la jurisdicción indígena y su competencia para solucionar toda clase de conflictos suscitados dentro de sus territorios, se constituyó como un aspecto controversial que, finalmente, logró ser regulado mediante los precedentes plasmados por la Corte Constitucional, en virtud del caso “La Cocha”.

Siendo tal su trascendencia que, no sólo permitió revelar que las comunidades indígenas si cuentan con un sistema de justicia con instancias procesales que garantizan el respeto de los derechos de sus integrantes, sino que, acorde a los principios judiciales de cooperación y de delegación de competencias, y previo dictamen de la Corte Constitucional, las autoridades aborígenes y sus entidades de jurisdiccionales; tendrán la competencia para sancionar todo tipo de delitos producidos en sus territorios, salvo aquellos que atenten contra la inviolabilidad de la vida; que para efectos legales, serán delegados hacia los órganos estatales para su correspondiente juzgamiento.