Resumen:
The present investigation has been developed seeking as its main objective to determine if the
norms of the Ecuadorian criminal legal system correctly regulate the imperative duty of the judge
to apply the iura novit curia principle, in the criminal trial stage. For this, the powers of the
prosecutor in criminal proceedings and mainly in the trial have been exposed in a descriptive and
critical way, confronting it with the powers that the Judge has, especially at the time of resolving
his sentence. In development, it has been shown that, although the prosecutor has control of the
process in regard to the imputation of a criminal type, and of directing and promoting the
accusation in the trial, finally his power is not absolute when the The judge correctly applies the
legal norm applicable to the specific case, which even empowers him to improve the legal
situation of the defendant and change the criminal type of the accusation for a different one that
contains less punitive burden. It was demonstrated that the criminal judge has a supra responsibility regarding the correct application of the law, since this power allows him to
establish himself as a true guarantor of rights.
Descripción:
La presente investigación se ha desarrollado buscando como principal objetivo el de determinar si
las normas del sistema jurídico penal ecuatoriano, regulan correctamente el deber imperativo del
juzgador de aplicar el principio iura novit curia, en la etapa del juicio penal. Para ello se ha expuesto
de manera descriptiva y crítica, las potestades del fiscal en el proceso penal y fundamentalmente
en el juicio, confrontándola con las potestades que tiene el Juez sobre todo al momento de resolver
en su sentencia. En el desarrollo, se ha evidenciado que, si bien el fiscal tiene el dominio del
proceso en lo que se refiere a la imputación a un tipo penal, y de direccionare impulsar la acusación
en el juicio, finalmente su poder no es absoluto cuando el juzgador aplica correctamente la norma
jurídica aplicable al caso concreto, que le faculta incluso, poder mejorarla situación jurídica del
procesado y cambiar el tipo penal de la acusación por uno distinto que contenga menor carga
punitiva. Se demostró que el Juez penal, tiene una responsabilidad supraen lo que se refiere a la
aplicación correcta del derecho, ya que esta facultad le permite constituirse como un verdadero
garante de derechos
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