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Título : Estudio jurídico sobre la obligación de denunciar para los servidores públicos y las autoridades administrativas
Autor : Torres Carrión, Valeria Mariuxi
Director(es): Correa Calderón, José Eduardo
Palabras clave : SUMARIO ADMINISTRATIVO;SERVIDOR PUBLICO;DESTITUCION;VULNERACION
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Machala
Citación : Torres Carrion, V.M. (2019) “estudio jurídico sobre la obligación de denunciar para los servidores públicos y las autoridades administrativas” (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 53 p.
Descripción : Los derechos son dinámicos, están en constante cambio y por lo tanto responden a una realidad muy diferente que a la de antes. El trabajo se centra en el sumario administrativo interpuesto a la Directora de la Unidad Educativa de Discapacidades Especializadas “El Oro” Mgs Rosario Pacheco Arévalo, por la omisión de presentar denuncia en el caso de acoso u hostigamiento, a un menor o un grupo de menores que se encuentren bajo su responsabilidad, si bien es cierto la constitución de nuestro país en una constitución garantista y el más alto deber del estar es respetar y hacer respetar los derechos de la constitución, y en este caso hubo una vulneración a los derechos de la estudiante VAAC, una niña con capacidades especiales estudiante de la Unidad Educativa de Discapacidades Especializadas “El Oro” , donde fue víctima de acoso sexual por parte de un compañero de clase, por no tener un docente que vigile su comportamiento durante las horas de clases, la responsabilidad recayó en la directora de la unidad educativa ya que ella fue la que en primera instancia conoció el caso, llegó justo cuando el hecho había sucedido y tomó la decisión de resolverlo de manera interna, llamando a sus padres para dialogar lo sucedido, inobservó los procedimiento y la ley, que en los casos de acoso no se puede hacer un careo a la víctima con su supuesto agresor, la denuncia fue puesta por la madre de menor afectada la señora. Carolina Castro Loarte la cual manifestó lo sucedido a la Dirección Distrital, revisó el caso e inmediatamente se realizaron las investigaciones pertinentes informando a la directora que se abrirá un sumario administrativo en su contra y que deberá presentar las pruebas pertinentes para poder probar que cumplió con las normas y reglamentos, las pruebas presentadas por la sumariada fueron testimoniales y documentales, las testimoniales fueron contradictorias y las documentales carecieron de validez, se puedo probar que efectivamente la sumariada incumplió con las obligaciones como directora y servidora pública, una de esas obligaciones es denunciar actos de acoso y velar por la integridad de los menores. La Junta distrital de Conflicto, resolvió: destituir de su cargo por haber incumplido con la obligación de denunciar que está estipulada en la ley de educación intercultural. Puesto en conocimiento la decisión de la directora ella apeló a esa decisión manifestando que el artículo por la cual la había sancionado el artículo 132 literal bb, donde claramente, se manifiesta: los servidores públicos que comentan acto de acoso sexual en contra de estudiantes, y ella no ha cometido ningún hecho en contra de los estudiantes, quien ocasionó el acoso fue un estudiante mismo, que también se estaban vulnerando su derecho al trabajo. La Coordinación Zonal 7 del ministerio de educación resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente por improcedente e insuficiente y confirma la sanción del acto administrativo impugnado es decir la destitución la Mgs Rosario Pacheco Arévalo docente de la Unidad Educativa de Discapacidades Especializadas “El Oro”.
Resumen : Dynamic rights are constantly changing and therefore respond to a very different reality than before. The work focuses on the administrative summary filed with the Director of the Specialized Disabilities Education Unit “El Oro” Mgs Rosario Pacheco Arévalo, for the failure to file a complaint in the case of harassment or harassment, a minor or a group of minors who They are under their responsibility, although the constitution of our country in a guaranteed constitution is true and the highest duty of being is to respect and enforce the rights of the constitution, and in this case there was a violation of the rights of the student VAAC, a girl with special abilities student of the Specialized Disabilities Education Unit "El Oro", where she was a victim of sexual harassment by a classmate, for not having a teacher to monitor their behavior during school hours, the responsibility fell to the director of the educational unit since she was the first instance heard about her case, arrived just when the event had happened and made the decision to resolve it internally, calling their parents to discuss what happened, not observing the procedures and the law, that in cases of harassment the victim cannot be cared for its alleged aggressor, the complaint was filed by the mother of least affected the lady. Carolina Castro Loarte which stated what happened to the District Department, reviewed the case and immediately detected the corresponding investigations informing the director that an administrative summary will be opened against her and that she will require the corresponding evidence to prove that she complied with the regulations and regulations, the evidence presented by the summary were testimonial and documentary, the testimonials were contradictory and the documentaries valid, it can be proved that the summary did not comply with the obligations as director and public servant, one of those obligations is to denounce contracts of harassment and ensure the integrity of minors. The District Conflict Board resolved: to dismiss from office for having failed to comply with the obligation to denounce that is stipulated in the intercultural education law. Noting the principal's decision, she appealed to that decision, stating that the article for which article 132 literal bb had sanctioned it, clearly states: public servants who comment on sexual harassment against students, and She has not committed any act against the students, who caused the harassment was a student himself, who were also violating his right to work. The Zonal Coordination 7 of the Ministry of Education resolves to reject the appeal filed by the appellant for improper and insufficient and confirms the sanction of the contested administrative act that is the dismissal of the Mgs Rosario Pacheco Arévalo teacher of the Specialized Disabilities Educational Unit “El Oro "
URI : http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15202
Aparece en las colecciones: Trabajo de Titulación Jurisprudencia

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